Hernán Larraín, quien desde hace un tiempo se encuentra en una verdadera cacería en contra de los notarios y archiveros del país, anunció que el Gobierno hizo ingreso a la Contraloría de una solicitud que busca reactivar el decreto 1515, el cual tiene como finalidad nombrar a los 41 notarios que faltaron por designar de los 100 contemplados desde un inicio.
“Hemos reactivado el decreto 1515 para que en unos meses más esos 41 oficios notariales pendientes se puedan ir creando durante el próximo año” afirmó Larraín en sesión de la Comisión de Constitución del Senado.
“Una vez que lo apruebe la Contraloría vamos a informar a las Cortes de Apelaciones que hagan las ternas y que se produzca la designación de los 41 suspendidos. Calculamos que en el primer semestre del próximo año se alcanzarán a nombrar los pendientes” agregó el Ministro de Justicias y Derechos Humanos.
Esta iniciativa tendría un costo para el Gobierno de alrededor de 20 mil millones de pesos, lo que llama la atención de la opinión pública, ya que siempre el sistema notarial a significado un nulo costo fiscal para el país, cosa que parece paradójica luego de que el Gobierno liderado por Sebastián Piñera, negara alrededor de 1.600 millones a la convención por una supuesta estrechez fiscal.
Sin duda durante las últimas semanas se ha visto una verdadera batalla en contra de la fe pública, luego de que desde el Ministerio de justicias se intentara responsabilizar a los notarios y conservadores del país del delito realizado por el ahora ex candidato presidencial Diego Ancalao, quien registró 23 mil firmas ante un notario fallecido en el año 2018, situación que ya ha sido aclarada por los mismos, utilizando este sensible hecho para justificar una renovación en el sistema.
