El Pleno de la Convención Constitucional terminó por rechazar todos los artículos relacionados a la creación de un ente público, encargado de regular el actual sistema notarial del país. Un resultado que, según parlamentarios, se debe principalmente a las deficiencias de la propuesta.
La votación llevada a cabo por el Pleno de la Convención Constitucional, tenía la intención de reemplazar al actual sistema notarial, sin embargo, estos terminaron siendo rechazados y dejados fuera del borrador de la nueva Constitución que fue presentada el lunes en Antofagasta.
Estas tres las normas que finalmente fueron desechadas por el pleno, contemplaban:
1.Que “el Estado será garante de la fe pública, debiendo regular y supervigilar el funcionamiento de notarías, archiveros, conservadores”;
2. Que “los notarios, archiveros, conservadores y demás encargados de resguardar la fe y los registros públicos, serán designados por el Consejo de la Justicia, previo concurso público establecido por ley”;
3.Y, por último, que “la ley establecerá anualmente el monto de tasas o aranceles, así como las causales de exención de las mismas, por las actuaciones que involucren el resguardo de la fe pública”.
“La propuesta que hoy estaba en discusión no es la correcta, ya que de algún modo estatizaba excesivamente los servicios notariales, cuestión que es sumamente discutible y no nos parecía lo correcto”, detalló el constituyente de RN Ruggero Cozzi, quien aceptó la deficiencia de la propuesta presentada por su propio sector, añadiendo que consideraba lamentable que ninguna otra norma haya sido lo suficientemente buena como para ser aceptada por el Pleno.
Según el propio Cozzi, “se pierde una oportunidad, pero creo que más temprano que tarde tiene que haber una reforma integral al sistema de fe pública en Chile”, sin embargo, al ser consultado por su parecer respecto a que fue su propio sector encabezados por el convencional de Evopoli Hernán Larraín, hijo del ex Ministro de Justicia del mismo nombre, quien junto a convencionales de derecha impulsaron la iniciativa no quiso ahondar en el tema.
Normas más, normas menos, lo cierto es que luego de ser revisadas por juristas, los artículos propuestos al pleno tenían varias inconsistencias. Por ejemplo, daban a entender que hoy no hay concurso público en los nombramientos de los cargos en el sistema notarial y registral, lo que no es efectivo, ya que ellos se deciden luego de un proceso público de oposición con exámenes de conocimientos, destrezas jurídicas y sicológicas, exposición ante las Cortes incluidas de los máximos puntajes, proceso que finalmente concluye con una terna propuesta por la respectiva Corte de Apelaciones para que el poder ejecutivo decida, concurso que dura meses y que es siempre reclamable.
A esto se suma la información errada de algunos convencionales de derecha que señalaba que los aranceles los determinan los notarios y conservadores, lo que tampoco es efectivo. Según trabajadores del sector justicia, producto del poco conocimiento en la materia, con la propuesta convencional se pretendía fijar anualmente los aranceles por ley, haciendo esto aún más engorroso y lento, pues hoy es el Ejecutivo el que fija los valores, teniendo plena potestad administrativa para hacerlo, no obstante, esa misma potestad no la ha ocupado en más de 20 años. Desde el propio sector justicia reiteraron que la iniciativa más que entregar a la ley la fijación año a año de los aranceles, debería haberse impuesto al legislador la determinación de una fórmula de corrección monetaria automática del arancel y su simplificación y adecuada difusión al público y a usuarios.
