“La Ley Aula Segura implementada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y que fue promulgada en diciembre de 2018, intervino policialmente los establecimientos educacionales públicos. La instalación de cámaras, expulsiones de alumnos, persecución y revisión de mochilas a los estudiantes, finalmente provocó el efecto contrario”, esa fue la declaración de Javier Pineda, abogado de la Corporación 4 de Agosto.
Según señalan desde el organismo, bajo la lógica de instalar un poder disciplinador, que castigue a los estudiantes que sean sorprendidos en actos o hechos caracterizados como atentatorios a la convivencia escolar, esta ley ha afectado a las comunidades educacionales de manera grave.
Por su parte la presidenta del Cepa del INBA, Lorena Ávalos, que aboga por la derogación de Aula Segura, declaró que ha sido “una nefasta ley que sólo ha provocado represión y segregación a los estudiantes de nuestro país”.
Ávalos añade que “A los niños se les debe enseñar a pensar, no qué pensar”. En esa línea la concejala Rosario Carvajal, pone el acento en la estigmatización y el lenguaje que ha usado el alcalde Felipe Alessandri, al llamar a los menores de edad “manzanas podridas” “delincuentes”. La concejala dice que todo nació con el “rompe y paga” como propuesta de la Municipalidad de Santiago, que luego se transformó en Aula Segura.
La concejala asegura que incluso se ha llegado a configurar una “red de informantes”, dentro de los establecimientos educacionales, que es fruto de esta ley. Se instala una gramática cercana a los regímenes carcelarios. “Los estudiantes están desprovistos de sus derechos, vulneración que han sufrido niños, niñas y adolescentes en nombre de la seguridad y la convivencia escolar” dijo Carvajal.
La propuesta de derogación de la ley, será ingresada esta semana al congreso.
